Se anuncian reformas legislativas en distintos ámbitos (mercantil, fiscal, educación, trabajo y seguridad social, administrativo,...)

Encontramos en la página web del Congreso de los Diputados que está en plazo de presentación de enmiendas la reforma de la Ley de Ordenación del comercio Minorista, cuyo Proyecto se puede encontrar aquí. Se trata de la transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (resumen aquí, y texto completo aquí), por la cual los Estados miembros han de suprimir las barreras jurídicas y administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los arts.43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), respectivamente. Además, adapta el comercio al por menor a la globalización y liberalización que está sufriendo la economí, en la que el marco de referencia ya es el mercado europeo. De esta forma, trata de incrementar el valor que genera la distribución comercial liberalizando la prestación de los servicios y suprimiendo cargas para las empresas, sin perder los valores que caracterizan el modelo comercial español (elevada densidad comercial -número de establecimientos por habitante-, característico de los países mediterráneos y de una forma de estructurar los núcleos urbanos en torno al comerciante.

En base a las demandas de los consumidores y los cambios en las pautas y hábitos de consumo de la población, e inspirándose en el principio de la libre empresa (art.38 de la Constitución Española), intenta facilitar el libre establecimiento de servicios de distribución comercial y su ejercicio, a través de los diferentes formatos comerciales, garantizando que las necesidades de los consumidores sean satisfechas adecuadamente. Sostiene que el comercio, con independencia de la dimensión del establecimiento comercial, debe desarrollarse en régimen de libre competencia. También viene a fomentar el respeto y garantía de la libre competencia en el ámbito de la distribución.

Por tanto, vendrá, en su caso, a modificar la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista en materia de:

1. Establecimientos comerciales y su régimen de autorización (no necesaria con carácter general).
2. La venta ambulante o no sedentaria.
3. El Registro de Ventas a Distancia y el de Franquiciadores.
4. E infracciones y sanciones.

También se suprimiría el Registro Especial de Entidades y Centrales de Distribución de Productos Alimenticios Perecederos.

Asimismo, se ha ampliado el plazo de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que podemos consultar aquí.

En la línea de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, podemos encontrar la proposición de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para permitir a las PYMES y autónomos no tributar por el IVA de las facturas no cobradas. De esta forma, se vendría a dar respuesta a una de las reivindicaciones más antiguas de este colectivo: Que el IVA que ellos paguen al Estado no incluya el correspondiente a las facturas que aún no han podido hacer efectivas. Según la Exposición de Motivos del Proyecto, una de las razones es la alta morosidad que soportan estos colectivos, sobre todo cuando contratan con las Administraciones Públicas, ascendiendo en la actualidad a 40.000 millones de euros. No creo que esta referencia termine por incluirse en el texto que, en su caso, llegue a aprobarse. Pero no deja de ser verdad. Simplemente buscando en Google el texto “morosidad Administraciones Públicas España” podemos encontrar aproximadamente 442.000 resultados, entre ellos los siguientes:

• La morosidad de las administraciones se triplica y ahoga a las empresas (eleconomista.es).
• La Administración Pública es la peor pagadora de la economía española (libertaddigital.com).
• Acuerdo unánime en el Congreso para acotar la morosidad de la Administración con sus proveedores (lukor.com).
• La morosidad pública sí que necesita un aborto (capitalmadrid.info).
• Las pymes denuncian que la morosidad de la Administración las lleva al límite (cotizalia.com).
• Contra la morosidad de las Administraciones Públicas (Eurobitácora), que señala que no es un problema sólo de la Administración española.
  
• Las administraciones públicas tendrán que pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días (elconfidencial.com).

Además de, por supuesto, foros como éste (en forosdebolsa.com) o éste (ajaxhispano.com: “Constitución de la Plataforma Anti Morosidad Administración).

También afectando a la Ley del IVA está en tramitación la Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para mejorar la tributación del sector agrario y ganadero español, cuyo texto podemos ver aquí.

Igualmente se encuentran en tramitación:

• El Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la consideración de autoridad pública a los maestros y profesores en el ejercicio de sus funciones.
• La Proposición de Ley sobre reforma del IRPF para evitar la discriminación fiscal de los cónyuges no custodios.
• La Proposición de Ley de supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a familiares directos (¿saldrá adelante con el aumento de impuestos que se ha anunciado por el Gobierno -también aquí-?).
• La Proposición de Ley relativa a la supresión temporal del gravamen por el impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
• La Proposición de Ley relativa a la adopción de medidas de apoyo a las empresas y autónomos, por el repunte de la morosidad.
• La Proposición de Ley sobre fiscalidad ambiental.
• La Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para proceder a la creación de la jurisdicción de familia.
• La Proposición de Ley Orgánica relativa a la reforma de la elección y composición del Consejo General del Poder Judicial y de los artículos correspondientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que intenta modificar el actual sistema de elección de los miembros del órgano de Gobierno de la Judicatura.
• La Proposición de Ley por la cual se modifica el Estatuto del Trabajo Autónomo.
• La Proposición de Ley de mejora de las prestaciones de las clases pasivas del Estado.
• El Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Destacar también que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, 28 de agosto, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, de constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal.