Comentarios Jurídicos

El Foro Judicial Independiente (FJI) criticó hoy la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la pasada semana sancionó a una magistrada, titular de un Juzgado de Violencia sobre la mujer, por haber manifestado públicamente su rechazo a la Ley de Violencia de Género. Esta asociación judicial apela a la libertad de expresión de los magistrados y denuncia que la sanción es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Justicia Europea. “Nos posicionaremos siempre, de forma inequívoca, en defensa del derecho de los jueces a la libertad de expresión”, dice esta asociación judicial a través de una nota de prensa hecha pública hoy en la que además rechaza “la utilización por parte del CGPJ de mecanismos sancionadores para cercenar este derecho fundamental de los jueces”.

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Las manifestaciones fueron realizadas por la juez, María Jesús García Pérez, que era titular en el momento de hacer las declaraciones del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Santander en una entrevista en un periódico cántabro el 29 de junio del pasado año, en la que expresaba sus dudas acerca de que la Ley de Violencia de Género proteja a quien realmente lo necesite o que haga falta un juzgado específico para estos casos.

Ha sido condenada a pagar 3.000 euros por una falta de “consideración respecto de ciudadanos e instituciones” prevista en a. 418.5º Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los límites de la libertad de expresión son siempre difíciles de precisar, pero ¿criticar una Ley (bastante discutible por cierto) es motivo para imponerle una sanción por “no tener consideración a los ciudadanos y a las instituciones”? ¿Simplemente por ser Juez titular de un Juzgado especializado rationae materiae no puede tener una idea negativa de dicha Ley y expresarla? Hemos de suponer que tiene conocimiento de lo que ocurre en su Juzgado, pero que si tuviera una opinión diferente de la Ley (esto es, positiva) en concreto no se la hubiera condenado. De modo que debemos inferir que tener una idea negativa de la Ley de Violencia de Género es “desconsiderado”.

Entiendo que desde un punto de vista político estas declaraciones no pueden ser más inconvenientes. Pero ejercer la libertad de expresión muy pocas veces lo es. Ser desconsiderado es normalmente predicable de aquel que no tiene en cuenta la situación de los demás a la hora de actuar o proceder. Por ejemplo, insultarle o ridiculizarle. Una Ley que presume iuris et de iure que el hombre es culpable de la violencia, simplemente porque su conviviente así lo manifieste, es lo suficientemente discutible por la inversión de la carga de la prueba que produce, como para que cualquiera con un mínimo de sentido común no esté de acuerdo con el planteamiento. Pero si además consideramos que deja fuera a los matrimonios de homosexuales, a los que se ha otorgado de la misma naturaleza que a los de heterosexuales, se está infringiendo de forma importante el principio de igualdad entre los ciudadanos.

¿Realmente decir esto puede ser considerado como falta de consideración a los ciudadanos y a las instituciones? El hombre, al que hace poco han puesto en libertad, después de 11 meses en la cárcel cuando se descubrió la falsedad de las acusaciones de su ex-pareja, no creo que piense lo mismo.

Me interesa, además, el hecho de que no vi esta noticia prácticamente en ningún medio de comunicación. ¿El hecho de ser juez tuvo algo que ver en la falta de información? Y me interesan también las declaraciones de la que fue decana de los Juzgados de Barcelona, María Sanahuja:

el número de testimonios que se conocen por denuncias falsas “siempre son y serán pequeños, pero eso no significa que no se produzcan en muchas ocasiones. Perseguirlas es muy difícil, porque es la palabra de uno contra la del otro”.

En opinión de esta jueza, que fue decana de los juzgados de Barcelona, “hemos pasado de un extremo al otro a lo salvaje. Del pasado, en que no servía la palabra de la mujer ni para comenzar una investigación, a la situación actual en la que esa palabra, casi sin nada más, ya sirve para una condena“.

El Código Penal, dice, debe volver a “terrenos de normalidad, de racionalidad, que se ajuste la gravedad del hecho a la gravedad de la condena, y que la práctica policial y judicial se adecúe a los principios de la democracia, no detener a alguien sin investigación previa”, agrega Sanahuja.

Como señala la misma Magistrada en un artículo en el País, titulado “Las denuncias falsas“:

“Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina “agresor” al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos. Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado”.

El problema no está en el género si no en la víctima que sufre los malos tratos. El hecho es que durante mucho tiempo los malos tratos estaban aceptados socialmente o eran algo “privado“, a solucionar por los interesados. Pero como ya dije al tratarlo el otro día, la situación a día de hoy (como bien ilustra este post), es que puede haber víctimas de maltrato en cualquier caso de matrimonio y de cualquier sexo, exactamente igual que, mientras que los hombres suelen usar la fuerza física, hay mujeres que son manipuladoras respecto de su pareja. Esto es, los malos tratos no sólo tienen que ser exclusivamente físicos, si no que también pueden ser psicológicos, con todo lo que ello puede producir en el sujeto, víctima de ese mal trato (insisto: me da igual su sexo) y lo que ello implica de dificultad de prueba.

Creo que es una cuestión que abarca otras muchas y que no se abordó desde el principio desde un punto de vista jurídico (esto es, considerando cuáles eran, con los medios materiales disponibles, las medidas más adecuadas) si no desde un punto de vista político (esto es, considerando la visión que el electorado podía tener de la medida tomada). Y así, por ejemplo, resulta que no hay medios para controlar todas las órdenes de alejamiento expedidas y que por tanto, estas devienen papel mojado. O sea, la víctima sigue en la misma posición que antes, sólo que encima no abarca a todas las personas que efectivamente lo son y además puede acabarse encarcelando a un inocente.

Repito: ¿realmente esto es susceptible de considerarse por una persona normal como “desconsiderado” con los ciudanos y las instituciones?

Para terminar, como bien se señala en el enlace, el hecho de que una denuncia sea falsa, no quiere decir de forma inmediata que el acusado sea inocente. Tan mentira es enunciar un hecho falso como exagerar o modificar cierto hechos de un acto, que puede haber ocurrido pero que no ocurrió tal y como se enuncia o denuncia. En el primer caso, el acusado sería inocente. En el segundo, habría que ver en qué circunstancias se ha producido y cuáles han sido las implicaciones. En última instancia, siempre será una cuestión de prueba.