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Derecho Bancario: El Proyecto de Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria

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Ayer recibió el apoyo de Banco Santander y de la CEOE para después matizarlo de la siguiente manera:

Inciarte (Vicepresidente del Banco Santander) ha incidido en la necesidad de que las medidas de rescate sigan una serie de principios, como limitarse a entidades viables, que los bancos sanos no se vean obligados a recibir capital público y que las aportaciones del Estado no rompan los niveles de competencia. Las recapitalizaciones, ha subrayado tras criticar la falta de coordinación en las medidas de rescate aplicadas a escala mundial en los sistemas financieros. Así, ha señalado que deben basarse en precios de mercado y no a precios homogéneos para entidades con diferentes niveles de solvencia, y deben implicar soluciones de salida del capital público, porque la intervención del Estado “debe ser pasajera y devolver a las entidades al sector privado lo antes posible”.(…)

Desde la CEOE, el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, ha calificado que el fondo es “sensato y coherente”, y ha apoyado “que se salve” a entidades financieras cuya situación lo requiera, de forma “transitoria y transparente”.

Mientras, el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha añadido que las entidades que reciban estos fondos deberán reestructurarse:

Las entidades deberán “intensificar sus esfuerzos para racionalizar las estructuras de costes operativos y por corregir el exceso de capacidad del sector que se deriva de una tendencia generalizada hacia menores niveles de apalancamiento en las economías”, dice el gobernador en el discurso pronunciado hoy ante el Consejo de Gobierno del Banco de España con motivo de la presentación del informe anual de la institución. El crédito seguirá cayendo de forma “sustancial”, mantiene Ordóñez, incluso por debajo de la expansión del PIB.

A este respecto hay que tener en cuenta la regulación de la competencia dentro del mercado español (principalmente la Ley de Defensa de la Competencia) así como los artículos 81 y 82 del Tratado de la Unión Europea, que regulan las ayudas del Estado a las empresas, precisamente a efectos de preservar la competencia en el mercado interior. Además, de que habrá que considerar la regulación específica del mercado bancario.

En Todo Productos Financieros señala cómo se preveé que funcione este fondo, que tendrá una cuantía inicial de unos 9.000 millones de euros:

El fondo de rescate estará destinado a las entidades con problemas, especialmente de liquidez, que precisen un préstamo de última instancia. El procedimiento para una entidad con estas dificultades sería:

  • primero la solución se buscará en el sector privado, mediante fusiones o adquisiciones de entidades en problemas
  • si es necesario, actuaría el Fondo de Garantía de Depósitos
  • si no se resuelve el problema, intervendría este fondo de rescate

Cotizalia incorpora más datos a la posible configuración de este fondo: tendrá cinco miembros del Banco de España y otros 3 del Fondo de Garantía de Depósitos, podrá apalancarse hasta 90.000 millones de euros, en caso necesario, y sus funciones serán, como medio para evitar su posible quiebra (y no porque tengan problemas de liquidez):

  1. inyectar capital a las entidades con problemas.
  2. comprar activos problemáticos y
  3. ofrecer garantías.

Sin embargo, parece haber indeterminaciones en cuanto a lo que ocurrirá con la entidad destinataria de la ayuda, ya que Todo Productos Financieros señala que no se produciría el relevo de los administradores mientras que Cotizalia afirma categóricamente que se producirá una sustitución inmediata por personal del Banco de España, momento a partir del cual comenzará la operación de saneamiento y venta de activos.

Pero, como en todo proyecto, habrá que ver cuál será el texto actual del Real Decreto que lo regulará, aunque parece que sí están de acuerdo PSOE y PP en cuanto a su necesidad. Me parece interesante resaltar las declaraciones del portavoz/responsable de economía del PP:

Cristóbal Montoro consideró que la reestructuración financiera debe ser “seria y severa” y que no afectará sólo a “una o dos entidades” sino que conllevará una utilización de los recursos públicos de “decenas de miles de millones de euros“.

Si hay algo preocupante es cómo todo el sector financiero (no una entidad concreta, si no en general todo), parece estar no sólo pasando un momento más o menos difícil, si no directamente en una situación próxima a la quiebra (hoy concurso) o, al menos, a altos índices de insolvencia generalizada. Una de las cuestiones a tratar del Derecho actual, es precisamente el control del cumplimiento de las normas y la actividad a desarrollar por el controlador, así como cuáles son los cauces de control de ese controlador. Pues bien, parece cada vez más claro que si se considera que la ayuda puede llegar a ser de 90.000 millones de euros, la situación es bastante desesperada en el sector. De modo que la pregunta que se debería hacer el Gobierno, la oposición y la sociedad es qué han estado haciendo (o no haciendo) los controladores durante los últimos años.

Y ahora, una vez que se decide entregar un crédito de estas características al sector financiero, creo que además de todas esas condiciones señaladas más arriba, debería determinarse claramente qué clase de control y, sobre todo, qué datos de esas entidades deberían ser públicos (no sólo las Cuentas Anuales que siempre son públicas, si no que creo que, cuantos más datos se hicieran públicos mejor, tanto contables, como económicos o jurídicos -por ejemplo, apoderamientos, mandatos y delegaciones realizadas que sólo producen efecto frente a terceros si están inscritas en el Registro Mercantil, pero pueden no estarlo o los pactos parasociales, que sólo deben ser públicos si la sociedad cotiza en Bolsa, cosa que, de entrada, no ocurre con las Cajas de Ahorro- así como la incoación, a la mayor brevedad posible, de las posibles responsabilidades de los miembros de los Consejos de Administración). En todo caso, y al contrario de lo ocurrido con Caja Castilla-La Mancha, de la que no se ha dicho exactamente cuál era el desequilibrio patrimonial y las causas que lo habían provocado, se debería informar de a quién y por qué se le da qué. Pero como se ve en las pocas noticias que se han publicado sobre el tema, ni siquiera se menciona esta cuestión.

Al menos, tienen claro que la intervención será de carácter temporal y que sólo servirá para las empresas que sean viables, aunque precisamente esa condición de viabilidad hace mucho más necesario el requisito de publicidad (no sólo de transparencia) a que me refería un poco más arriba. La concesión de créditos de estas características, en un contexto de crisis como en el que estamos, hace absolutamente necesario ser muy cuidadoso y cuanta más publicidad y acceso tenga el ciudadano sobre el proceso, será mejor para todos.

Pero aún queda otro problema: Andalucía y Cataluña se oponen a perder su derecho de veto en las fusiones de cajas, porque “reduciría sus competencias” y, de paso, su intervencionismo en el sector más debilitado por la crisis económica de todo el sector financiero.

Derecho Comparado: En EEUU, Obama prepara una regulación del sector financiero que le permita intervenir importantes empresas del sector, cuya mala situación financiera pudieran colapsar todo el sistema financiero (ahora, esta atribución se limita a los bancos) y la creación de otra Agencia gubernamental, con el objeto de la protección de los intereses de los consumidores. Asimismo quiere cambiar la regulación del mercado de derivados, para incluir nuevos requisitos de publicidad de su contratación.

El Pais trata sobre la cuestión, no ocultando que está a favor de la nueva regulación:

Entre las novedades del plan que hoy dará a conocer la Casa Blanca y a cuyo borrador han tenido acceso los medios estadounidenses, destacan la creación de una agencia de protección de los consumidores, más control sobre productos financieros exóticos como los derivados de crédito y la obligación de que una gran mayoría de las empresas que hasta ahora operaban al margen del sistema bancario, pasen ahora a estar bajo supervisión de las autoridades, con la obligación de dotarse de reservas y con una mayor vigilancia de sus sistemas de pagos.

(…) para apaciguar las críticas de los legisladores contra el aumento del intervencionismo de la Fed, algunas de las competencias -controlar las condiciones de las hipotecas, tarjetas de crédito u otros productos de gran consumo-, pasarán a estar bajo el ámbito de la nueva agencia de protección del consumidor.

Agencia que, según la regulación, es también un organismo público y, por tanto, las críticas del intervencionismo público son válidas, tenga la competencia la FED o la nueva Agencia creada ad hoc.

Actualización: veo que hay más gente que ha comentado esta medida, criticándola (como no podía ser menos) fuertemente. En él leo un enlace a GurusBlog que precisamente incide en la falta de publicidad de la totalidad del proceso:

GurusBlog El rescate de activos inmobiliarios, las entidades financieras ocultando el riesgo

Ya hace días que queríamos comentar el “rescate de activos inmobiliarios” que de forma “silenciosa” están realizando las entidades financieras con un sólo objetivo, tapar el riesgo real y su morosidad traspasando estos “activos nocivos o tóxicos” o de dudoso cobro a sociedades propiedad de ellos mismos pero que no contabilizan en su balance, y como hasta ahora el Banco de España, quien debería estar garantizando la estabilidad y seguridad del sistema, está haciéndose el sueco, alargando y enquistando el problema inmobiliario para un periodo mucho más largo del que sería necesario…

(…) La realidad es que se están realizando operaciones de “rescate” por precios cercanos al remanente del prestamo concedido con la intención de inyectar liquidez a las promotoras, evitar su caída en concurso, y si este es inevitable, anticiparse a éste para no tener que “compartir activos” con el resto de acreedores. Estas ayudas no nos engañemos no tienen por objetivo ayudar a las inmobiliarias, sino ocultar una situación complicada, y no olvidemos que comprar “gangas” teóricas no está exento de riesgo, y sólo saldrá bien si la empresa es viable. Si no, se exponen a que un juez decida que la venta por parte de la promotora ha ido en contra de los intereses de la masa de acreedores pudiendo anular y hacer retroceder la venta.

[La sustitución de los administradores y la intervención de la entidad crediticia fue, por ejemplo, la decisión que se dispuso en el caso Banesto / Mario Conde en 1993.]

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  1. […] señaló que la financiación no estaba llegando a los que lo necesitan y habló también del Proyecto de Fondo de Reestructuración y Ordenación bancaria: explicó que el Gobierno respalda a las entidades financieras mediante la garantía de los […]

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