Comentarios Jurídicos

Comentario sobre las novedades jurídicas de Derecho Español

Libertad religiosa: las declaraciones de José Antonio Alonso

with 2 comments

“Las morales privadas pueden ser lícitas en el ámbito privado (…) en el ámbito de lo público la única moral posible es la de la Constitución”.  via Elentir.

Con independencia de la posición que sostengamos en la materia relativa a la Ley del aborto (en la que existen variables eminentemente no jurídicas, quizás el Derecho sea la menos problemática de todas), estas declaraciones son peligrosísimas, porque:

a) afectan a la práctica pública de la religión (no sólo de la moral) reconocida tanto por la CE (a. 16) como por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y

b) porque volvemos a la eterna discusión existente entre lo que es legal (según la Ley, jurídicamente vinculante aunque no tiene por qué estar justificado éticamente) y legítimo (aquello que, por ser de acuerdo con los principios fundamentales del Derecho y de la moral públicas, debe ser cumplido porque es éticamente -no sólo jurídicamente- vinculante). Si la Constitución reconoce la libertad de expresión y la posibilidad de ejercer actividades religiosas en lugares públicos, ¿cómo podemos hablar de que la religión “sólo puede (atención al condicional: ni siquiera reconoce en el fondo una moral privada) ser lícita en el ámbito privado?

Existe en general una confusión bastante importante en lo relativo a moral pública / moral privada. La moral a la que nos referimos con “moral pública” es aquella que determina la sociedad con el paso del tiempo. Puede no estar recogida en leyes, sino que el conjunto de personas que la conforman pueden dan lugar a prácticas que no son consideradas como “jurídicas” por la Ley pero que, sin embargo, son admitidas socialmente. El clásico ejemplo es el del delito de adulterio, delito que fue derogado en los años 70, pero que realmente en esos momentos no era respetado.

Los intentos de confusión entre la moral pública y privada son bastante abundantes entre los regímenes totalitarios. Se basan en posiciones positivistas en las que no cuenta lo que es la realidad,  si no lo que se quiere que llegue a ser. Todas estas posiciones desvirtúan la verdadera naturaleza del Derecho, definido en el Derecho Romano diciendo que ius est justi ac injusti scientia, la ciencia de lo justo y de lo injusto, la obligación de dar a cada uno según su derecho, la justicia distributiva, en fin, que constituye la base real de todo nuestro sistema jurídico. El Derecho no es una herramienta de transformación de la sociedad si no una muestra más de lo que existe en esa sociedad. Mientras que no se considere esta diferencia, mientras que no se respete a la sociedad como el cuerpo que nombra y del que “emanan los poderes del Estado” como dice del pueblo español el art. 1.2 de la Constitución Española, se seguirá inmiscuyendo la política en cuestiones ajenas a sí misma y el Derecho continuará siendo pervertido por cuestiones que le son ajenas.

Se puede considerar incluso que la actual Ley del Aborto no responde a la realidad, pero se podría llegar a un debate desde un punto de vista ético, médico y moral serio si efectivamente se quisiera. Pero si partimos de una posición netamente jurídica, el desprecio a los derechos reconocidos por la Constitución no es ciertamente una buena posición para iniciar un debate político, que debe siempre respetar el actual marco jurídico. Entiendo que las críticas pueden no gustar, pero este tipo de exabruptos no son desde luego una muestra de respeto a la posición jurídica del oponente. Simplemente, debería haber hecho hincapié en que consideraba lícita la declaración del oponente ideológico (en este caso, la Conferencia Episcopal Española) pero que, como era lógico, disentía de su contenido.

Además, según Público, añadió que “las leyes son cosa de los políticos”, en expresión prácticamente igual que Ana Mato (PP) que dijo que “los políticos se dedican a otra cosa, que es a hacer política” (nótese: los ciudadanos no cuentan, sólo los políticos). Las Leyes son elaboradas por los políticos como representantes de la soberanía popular. Y, como tal, no puede ser consideradas como algo que surge sólo de la voluntad de los políticos.

El hecho es que la Iglesia Católica, al igual que Greenpeace, UGT o las Supremas de Móstoles, puede decir qué le parece aquello que existe en el mundo y en España. Y lo puede decir en los púlpitos, en la vía pública o por sus medios de comunicación, ya que el art.20.1,a) de la Constitución reconoce, como derecho fundamental, el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” (derecho reconocido por el Tribunal Constitucional también respecto de las personas jurídicas), con los límites que el art.20.4 establece (el respeto a los derechos fundamentales, en los preceptos de las Leyes que los desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia). Lo que pide la Iglesia, según Público, es que los diputados católicos la rechacen con su voto. Es una cuestión de conciencia de esos mismos ciudadanos., a los que no se les pone una pistola para que voten lo que quiere la Iglesia, si no que pueden decidir lo que mejor consideren según su conciencia. Según el artículo 68.2 de la Constitución, “los diputados y senadores carecen de mandato imperativo“, de modo que no están vinculados por sus electores y, siguiendo su mismo razonamiento, si “las leyes son cosa de los políticos” y, por tanto, no tienen en cuenta la opinión de los ciudadanos que los eligieron a la hora de aprobarlas, ¿por qué van a hacer caso a su conciencia? La respuesta en las propias palabras de Alonso: la moral pública sólo es la contenida en la Constitución, que, a pesar de que se insiste una y otra vez en el laicismo (sólo existe la moral estatal), sólo establece la aconfesionalidad del Estado (esto es, el Estado no apoya ninguna religión pero las reconoce como una manifestación social más). ¿Que no gusta esa cuestión en general? Muy bien, pues se cambia el régimen de la institución por los cauces constitucionales y legales establecidos.

Al final, desde mi punto de vista, el problema está en que no se conoce el Derecho sino a través de comunicadores sociales que, lamentablemente, no tienen el suficiente conocimiento de la materia.

NOTA: No me estoy metiendo en si es preferible o no el laicismo o la aconfesionalidad, elección que es meramente política o de política legislativa. Sólo en que me parece que, si existe una Constitución que regula nuestra convivencia, los políticos, esos mismos que se arrogan el derecho de “hacer las leyes“, aunque muchos no hayan leído un sólo artículo en su vida, deberían mostrar algo más de respeto por la Ley y por los ciudadanos que los han elegido. Añado que esa misma falta de respeto es común a toda la clase política, con cada vez menos excepciones.

2 comentarios

Subscribe to comments with RSS.

  1. Me ha gustado mucho la claridad de tu exposición.

    La frase “el hecho es que la Iglesia Católica, al igual que Greenpeace, UGT o las Supremas de Móstoles, puede decir qué le parece aquello que existe en el mundo y en España” puede que te la plagie.

    Un abrazo.

    No a todo

    22/06/2009 at 3:58 PM

    • Gracias, la hemos hecho entre mariamanejos y yo. mariamanejos blogueará conmigo a partir de ahora aquí.

      Puedes plagiar lo que quieras siempre que digas que lo viste por primera vez aquí.😉

      Abrazos.

      CJ

      23/06/2009 at 12:46 PM


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: