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Consejo de Ministros del 26 de junio: Con qué modificaciones legislativas nos podemos encontrar en los próximos meses

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Leemos en El País, que recoge una noticia transmitida por la Agencia EFE, que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se crea el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para regular las ayudas al sector financiero y “crear confianza en el sistema” frente a los “problemas que puedan surgir” y para que cumpla su “tarea esencial” de dar créditos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las dos Vicepresidentas del Gobierno, Sras. Fernández de la Vega y Salgado, admitieron que, aunque el sector bancario ha demostrado su “probada solvencia“, en la actual coyuntura algunas entidades podrían tener dificultades.

Esta nueva norma pone las bases del camino a seguir, especialmente con fusiones, y se aprueba en un momento “inmejorable” según Salgado, para “dar respuesta a las necesidades que puedan presentarse en nuestro sector financiero en el próximo ejercicio“.

Explicó Salgado que las grandes entidades, que son las que podrían generar un riesgo para todo el sistema, “no tienen absolutamente ningún problema” y “muchas de las otras tampoco, pero otras podrían tenerlos si continúa la crisis y la caída de la actividad económica hace que entren en dificultades por estrecharse los márgenes“. Insistió en que es el “momento adecuado para iniciar” la reestructuración del sector financiero y para que los 49 bancos, 46 cajas y 90 cooperativas de crédito “se refuercen por procesos de fusión, concentración o absorción“.

En este sentido, hizo hincapié en que la reestructuración es “para todo el conjunto del sistema, no sólo para las cajas de ahorros“, que “hemos tendido a señalar” en los últimos meses.

La ministra de Economía hizo hincapié en que este proceso también busca “garantizar que (el sector financiero) pueda cumplir su papel en una economía de mercado, que es ser intermediario financiero, y captar recursos que puedan ofrecerse después a empresas y particulares“.

Una de las cuestiones clave que explicó fue la potestad que las Comunidades Autónomas tienen para autorizar las fusiones de las cajas de ahorros, que se mantendrán invariables, si bien el Banco de España tendrá la autoridad en casos de intervención de una entidad.

Como es urgente, no tiene sentido abordar en este momento” los derechos de veto que las Comunidades Autónomas tienen sobre operaciones de fusión de cajas de ahorros, aseguró la vicepresidenta, que sentenció que “los poderes de las CCAA (sobre las cajas) y el Ministerio de Economía y Hacienda (sobre los bancos) quedan vigentes. No hemos querido que fuera de otra manera“.

No obstante, para avalar la competencia del Estado en intervenciones de entidades financieras, invocó una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que es el Estado, a través del Banco de España, la máxima autoridad en dichos casos.

Añadir que la propuesta contempla la posibilidad de que el Banco de España obligue a emprender procesos de integración a las entidades que reciban dinero público del FROB. No obstante, antes de llegar a esta última fase, la entidad en problemas deberá buscar, en primer lugar, una solución privada que podría ser una fusión; y en segundo lugar, el apoyo de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas, creados con recursos privados, pero que podrán recibir inyecciones de dinero público.

Para saber más sobre el Fondo, aquí y aquí.

Quizá esto tenga que ver con la decisión de la Agencia de Calificación Crediticia Moody’s de rebajar la calificación a 25 entidades españolas, entre ellas, Banesto, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankinter, Caixa Catalunya, Caixa Galicia y Caja Vital. Y es que la rebaja en la calificación crediticia impide obtener créditos en las condiciones en que se venían obteniendo. Es decir, las entidades a las que Moody’s rebajó la calificación obtendrán crédito, por ejemplo, a mayor interés de lo que lo venían obteniendo, o bien a menor plazo. En cualquier caso, las condiciones serán más onerosas de lo que, hasta ahora, habían disfrutado. Se encuentra más información aquí y en la página de Moody’s en España.

Por otro lado, también hay que destacar que en poco más de cuatro meses se han aprobado el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Telecomunicaciones, al que luego me referiré, y el Anteproyecto de Ley de Financiación de RTVE, a lo que se añade, hoy, el estudio del anteproyecto de la Ley General Audiovisual.

El Anteproyecto de la Ley General Audiovisual prevé la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, regula la TDT de Pago y establece el régimen de concesión, arrendamiento o renovación de las licencias de servicios audiovisuales, e introduce la regulación de nuevas fórmulas como el acceso condicional. La Ley también incluye la alta definición, la televisión en movilidad y la interactividad.

El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales será una institución independiente con capacidad sancionadora, que tendrá como función velar por el cumplimiento de la Ley General Audiovisual y, en general, de la normativa audiovisual.

Más información sobre la nueva ley General Audiovisual, aquí.

El Pleno del Congreso aprobó ayer el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de telecomunicaciones, que permite las participaciones cruzadas entre cadenas, siempre que no superen el 27% de cuota de pantalla. Además, personas físicas y jurídicas podrán ser titulares simultáneamente de participaciones sociales o derechos de voto en diferentes concesionarios de televisión de ámbito estatal. No obstante, limita esta participación en más de una concesión de televisión cuando la audiencia media del conjunto de canales no supere el 27% de la audiencia total durante los 12 meses consecutivos anteriores a la adquisición.

La ley aprobada permite, también, que los canales de ámbito estatal cedan sus señales a operadores de satélite para permitir que estas lleguen a aquellas zonas que no alcanza por vía terrestre.

En mayo, el Consejo de Ministros dio su visto bueno al Anteproyecto de Ley de Financiación de RTVE, que renuncia a la inclusión de publicidad y prevé aportaciones del Estado, de las televisiones comerciales y del sector de las telecomunicaciones.

Una vez en vigor la ley, la Corporación RTVE se financiará con recursos públicos exclusivamente, gran parte por la aportación del Estado por sus obligaciones de servicio público. El resto, se hará mediante la aportación de un 3% de los recursos de aquellos operadores que emitan en todo el Estado o en más de una comunidad autónoma y por los operadores de telecomunicaciones con un 0,9%. Además, RTVE percibirá el 80% de lo recaudado por la tasa sobre reserva de dominio radioeléctrico, recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, y por el ejercicio de sus actividades y la comercialización de sus productos.

Los ingresos públicos solo servirán para financiar actividades de servicio público y no podrán ser utilizados para pujar con otros competidores por derechos de gran valor. Sólo se podrá utilizar el 10% para la adquisición de derechos deportivos, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y un 20% para invertir en cine español.

El Consejo de Ministros también ha aprobado en su reunión de hoy un proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración que supone la cuarta reforma de Ley de Extranjería en ocho años.

El texto aprobado hoy reforma la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, que entró en vigor el 1 de febrero de 2000 y ha sido objeto de numerosas modificaciones en su reglamento a lo largo de los años.

Fue modificada por primera vez para regular la posibilidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, así como la anulación de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga. Una segunda modificación afectó a la respuesta penal frente a los extranjeros residentes ilegalmente en España que cometieran delitos, y que entre otras medidas contemplaba la conmutación de penas de prisión de hasta 6 años por la expulsión.

Tras la anulación por el Tribunal Supremo de gran parte del Reglamento de desarrollo de la Ley, se reformó nuevamente ésta, introduciéndose varias normativas europeas y endureciéndose las condiciones de entrada.

Tramitada por el procedimiento de urgencia, el nuevo texto entró en vigor en diciembre de 2003 y modificó 20 de los 70 artículos de la Ley. En ella figuraba la obligación de las compañías de transporte de facilitar los datos de los pasajeros que viajaran a España, así como los billetes de vuelta que no hubieran sido utilizados por los usuarios. La nueva norma confería, además, al visado la consideración de permiso de trabajo o residencia, contemplaba limitaciones a la reagrupación familiar, penalizaba la acción individual de tráfico de personas con ánimo de lucro e incorporaba el internamiento de extranjeros sometidos al procedimiento de devolución.

Tras la victoria del PSOE en marzo de 2004, se aprobó por Real Decreto el Reglamento de la Ley que preveía la regularización de los inmigrantes sin papeles que llevaran 6 meses empadronados en España y contaran con un contrato de al menos 6 meses.

En 2007, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tres artículos que condicionaban el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación y la libertad de sindicación a poseer autorización de estancia o residencia en España, y reconoció el derecho a la huelga de todos los trabajadores extranjeros, tuvieran o no permiso de trabajo en España.

Entre las novedades de esta reforma de la ley de extranjería destacarán, seguramente, las reagrupaciones familiares de los extranjeros y el elevar a 60 días la estancia máxima en un centro de internamiento.

El texto plantea limitar la reagrupación de los ascendientes (abuelos). Sólo podrán venir los mayores de 65 años y siempre que su familiar resida en España desde 5 años antes.

Prevé igualmente conceder permisos de trabajo a los hijos reagrupados en edad laboral, permisos de residencia y trabajo a las extranjeras víctimas de violencia machista para que no tengan miedo a denunciar, y posibilitará reunir a la pareja de hecho en las mismas condiciones que un matrimonio. Además, los menores de edad podrán ser escuchados por un abogado antes de ser repatriados a sus países de origen.

Asimismo, la nueva Ley prevé que no se castigará a aquellas ONG que presten asistencia humanitaria a los inmigrantes ilegales y tampoco recortará sus derechos.

Podéis encontrar más información acerca de este Consejo de Ministros, aquí.

Una respuesta

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  1. […] propios de las entidades de crédito, sobre el cual ya se ha comentado en otros posts(en este y este, […]


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