Comentarios Jurídicos

Comentario sobre las novedades jurídicas de Derecho Español

Novedades legislativas principales a 4 de julio de 2009

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De entre las disposiciones publicadas a lo largo de la última semana, destacamos:

  1. En el BOE del 27 de junio de 2009, se publicó el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, sobre el cual ya se ha comentado en otros posts(en este y este, principalmente).
  2. En el BOE del 30 de junio de 2009, la Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras. Y también la Correción de Errores del Real Decreto-ley 9/2009.
  3. Y en el BOE del 4 de julio de 2009, la Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Así como la Ley 7/2009, de 3 de julio, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero).

Respecto a la Ley 5/2009, que modifica la Ley del Mercado de Valores, la Ley sobre Disciplina e intervención de las entidades de crédito y el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, debido principalmente a la incorporación de la Directiva comunitaria 2007/44/CE:

  • Se reforma el porcentaje de capital o de derechos de voto cuya posesión supone la existencia objetiva de una participación de este tipo, mediante la nueva redacción de los arts.69.1 de la Ley 24/1988, 56.1 de la Ley 26/1988 y 22 del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. La participación significativa surgirá al alcanzar un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, eliminando de este modo, por mandato comunitario, el porcentaje del 5%.
  • Se introduce un nuevo deber de comunicación al supervisor de las participaciones que, no siendo significativas, supongan alcanzar o superar el umbral del 5% del capital o de los derechos de voto (nuevo apartado 3 del art.69 de la Ley 24/1988, nuevo apartado 2 del art. 57 en la Ley 26/1988 y apartado 1 del nuevo art.22.bis del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados). Este nuevo deber no activa el procedimiento de evaluación pero permite a los supervisores acceder a la información de la presencia de este tipo de participaciones.
  • También se simplifican los diferentes umbrales que determinan el deber de notificación de las entidades, ante incrementos o reducciones de las participaciones significativas: 20, 30 ó 50 por ciento, frente al 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 66 y 75 por ciento anteriores.
  • Se incorpora la relación de los criterios estrictamente prudenciales que tanto el Banco de España como la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deben tener en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad del potencial adquirente que haya decidido adquirir una participación significativa o superar con su nueva participación los umbrales antes mencionados. Sólo sobre la base de estos criterios, o en los casos en que la información remitida por el adquirente resulte incompleta, podrán los supervisores oponerse a una adquisición o incremento de participaciones significativas. Criterios que se refieren a la honorabilidad y solvencia del adquirente, la honorabilidad de los futuros administradores de la entidad, la capacidad de la entidad para cumplir con las obligaciones normativas que les resulten exigibles y la inexistencia de indicios racionales de la realización de operaciones de blanqueo o financiación del terrorismo. Para obtener una valoración adecuada de este último criterio, se introduce la solicitud preceptiva de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • En cuanto al procedimiento de evaluación, a falta de desarrollo reglamentario, define plazos más claros y transparentes para cada una de las fases. El plazo total máximo para que los supervisores finalicen su evaluación y notifiquen la existencia o no de oposición se fija en 60 días hábiles, manteniéndose el régimen de silencio administrativo positivo. Se diseña un sistema para la solicitud de información adicional que, con el fin de evitar dilaciones infundadas, no permite más que una única suspensión en el cómputo del citado plazo. Al finalizar el procedimiento, se introduce la posibilidad de que el supervisor, a petición del adquirente potencial o de oficio, haga públicos los motivos que justifican su decisión, consista ésta en oponerse o no a la adquisición, siempre que la información revelada no afecte a terceros ajenos a la operación.
  • Se refuerza la cooperación entre el supervisor de la entidad adquirente y el de la adquirida: Dentro de España, mediante la cooperación entre el Banco de España, la CNMVy la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y entre supervisores de los diferentes Estados miembros de la UE. Se pretende, principalmente, que las autoridades competentes trabajen en estrecha cooperación cuando se trate de verificar la idoneidad de un adquirente potencial que sea una entidad autorizada en otro Estado miembro o, dentro de España, regulada en otro sector de actividad.
  • Se incluyen dos disposiciones adicionales sobre medidas en el ámbito aeroportuario y sobre revisión del sistema comunitario de comercio de derechos de emisión, una disposición derogatoria de carácter general y nueve disposiciones finales relativas a la modificación de la Ley de mediación de seguros y reaseguros privados, a la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, a la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, a la modificación de la Ley sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria, a la modificación del Real Decreto-Ley 18/1982 sobre Fondos de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, al título competencial, a la habilitación al Gobierno para el desarrollo reglamentario, a la incorporación del Derecho Comunitario y a la entrada en vigor.
  • Entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación en el BOE (es decir, entró en vigor el 1 de julio).

En lo que se refiere a la Ley 6/2009:

  • Se ha decidido que resulta posible garantizar el buen desenvolvimiento futuro de la actividad liquidadora del Consorcio con un volumen de ingresos en concepto de recargos inferior al actual; razón por la cual se reduce en un 50% el recargo, que pasa a ser del 1,5 por mil. Dicho recargo se refiere al que se establecía a favor del Consorcio, destinándose a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, estableciendo el apartado 4 del art.23 del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modificado por Ley 12/2006, de 16 de mayo) que es un tributo que grava los contratos de seguro, cuyo tipo, anteriormente establecido en el 5 por mil de las primas de los contratos sujetos, fue fijado en el 3 por mil de las citadas primas con ocasión de la integración de la antigua Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA) en el Consorcio de Compensación de Seguros por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
  • Se suprime la exclusión que operaba para las medidas de mejora de los créditos en su aplicación a las propias entidades aseguradoras, cuando concurrían, a su vez, en la liquidación de una aseguradora respecto de la cual eran acreedoras por razón de contrato de seguro, y ello por no apreciarse, en la actualidad, razones que justifiquen esta discriminación.
  • También se suprimen las funciones del Consorcio en materia de seguro obligatorio de viajeros y de seguro obligatorio del cazador, consistentes en contratar la cobertura de los riesgos relativos a estos seguros no aceptados por las entidades aseguradoras (nunca se ha realizado por no haber sido necesario, al ser sobradamente suficiente la oferta existente), y en hacerse cargo de las indemnizaciones en determinados casos, como el incumplimiento de la obligación de aseguramiento o la liquidación de la entidad aseguradora. En estos últimos supuestos, aparte de la reiterada ausencia en la práctica de actuaciones del Consorcio, no existe justificación para la aplicación específica de tales funciones a estos seguros. Obviamente, esta medida debería redundar de forma inmediata en una disminución del coste de tales seguros, al dejar de aplicarse los recargos sobre las primas que financiaban estas funciones.
  • Por último, se introduce una modificación procedimental, consistente en que la certificación de las cantidades satisfechas por el Consorcio en los casos en que le corresponde la facultad de repetición pueda ser emitida por los servicios competentes de la entidad, en aras de la agilización de la tramitación de la citada acción de repetición.
  • La Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el BOE (es decir, el 1 de agosto).

Por último, y refiriéndonos ya a la Ley 7/2009, procedente del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero:

  • Trata de garantizar que la cobertura en cada Fase del Plan de Transición a la TDT es plenamente satisfactoria, que con independencia del lugar de residencia y de la viabilidad económica de la prestación del servicio, el ciudadano recibe la señal de TDT, se configura la plataforma satelital como la solución más adecuada. Mediante sistemas de satélite, se realiza la extensión complementaria de la cobertura poblacional de los canales de TDT de ámbito estatal, respecto de las zonas en las que residan ciudadanos que no vayan a tener cobertura de dichos canales de televisión una vez cumplidos los compromisos de alcanzar el 96% de la población por los operadores privados del servicio de TDT de ámbito estatal y del 98% de la población por la Corporación de RTVE, así como realizadas las extensiones de cobertura, por las Administraciones Públicas, más allá de dichos porcentajes de población. Esta obligación de extensión complementaria de cobertura a través de sistemas por satélite, que se estima que alcanzará en el entorno del 1,5% de la población que se ubica en zonas dispersas y aisladas del territorio y cuya cobertura mediante emisores terrestres de televisión supone un coste desproporcionado, no modifica ni condiciona las obligaciones de cobertura poblacional establecidas a los operadores del servicio de TDT de ámbito estatal, en línea con los principales países de nuestro entorno. Todos los operadores de servicios TDT deberán poner sus canales a disposición de los prestadores de un mismo distribuidor de servicios por satélite o de un mismo operador de red de satélites. Esta obligación de servicio público deberá ser satisfecha de forma conjunta, acordando previamente entre sí los operadores las plataformas satelitales a las que ofrecerán sus contenidos.
  • La Ley contiene además un conjunto de reglas destinadas a garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas que prestan el servicio de televisión. Las posibilidades de capitalización y concentración que abre deben provocar, en su caso, las sinergias necesarias para garantizar la estabilidad de los operadores presentes en el sector, sin abandonar los retos tecnológicos a los que se enfrenta en este nuevo proceso hacia la emisión digital. Se avanza en la liberalización, eliminando la imposibilidad de poseer más de un 5% en distintos prestadores, con la expectativa de que éstos puedan atraer a su actividad el capital financiero necesario. Sin embargo, estas nuevas oportunidades no han de mermar el pluralismo televisivo que se ha construido en las últimas dos décadas, para lo cual se arbitran límites respecto a la simultaneidad de participaciones en el capital social de distintos operadores estableciendo la barrera del 27% de audiencia media de los operadores en los que el titular de las participaciones simultáneas cuenta con más del 5% del capital y limita la acumulación de derechos de uso sobre el dominio público radioeléctrico. La aplicación de las medidas previstas para garantizar el pluralismo pasará a ejercerse por el órgano que se cree al efecto en la nueva regulación del sector audiovisual.
  • La Ley entró en vigor el día de su publicación en el BOE (4 de julio de 2009), lo que es lógico si tenemos en cuenta que se limita a elevar a Ley parlamentaria lo establecido en un Real Decreto Ley (el número 1/2009, de 23 de febrero).

Written by mariamanejos

04/07/2009 a 4:50 PM

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